FONSALÍA: Un santuario para cetáceos y tortugas amenazado por la construcción de un macropuerto | Oceana Europe
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Una vez más la protección de la biodiversidad, y del medio marino en particular, se puede quedar atrás. Esta vez, por la presión para la construcción de un nuevo puerto de grandes dimensiones en Fonsalía, al suroeste de Tenerife, en las Islas Canarias. 

Y ¿por qué esta reflexión?, pues porque este puerto se planea construir justo limitando por todos sus flancos con un área marina protegida (AMP), la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Franja marina Teno-Rasca. Sus casi 695 km2 albergan una biodiversidad marina excepcional, ya que cubre un amplio rango de profundidades, desde la estrecha plataforma donde encontramos especies más costeras, como los típicos sebadales canarios (praderas submarinas) y los campos de esponjas, hasta unos 2000 metros de profundidad, 12 millas náuticas mar adentro, donde brillan especies pelágicas, como tiburones y grandes cetáceos. Pero esta zona protegida no sólo es importante por la biodiversidad marina que alberga, sino porque en extensión está entre las más amplias declaradas hasta la fecha en aguas canarias, que paradójicamente es la región marina de España con las mayores deficiencias en protección marina, según el último informe del proyecto INTEMARES.  

La protección de esta zona marina se propuso por primera vez en 1999 para cumplir con la Directiva Hábitats, aunque su declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC) llegó en 2002, para posteriormente, en 2011 ser finalmente declarada ZEC. Es decir, formalmente pasó a formar parte de la Red Natura 2000. Un periplo legal de 12 años ¿bastante largo no? 

La presencia de hábitats típicos de los bancos de arena y especies como la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus), propiciaron su declaración como ZEC. Pero su declaración, además se soportaba por la presencia de diferentes especies de cetáceos y tortugas, que según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, requieren “protección estricta”. Esto quiere decir que estas especies están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y por tanto sujetas a la evaluación periódica de su estado de conservación para evitar su deterioro o cualquier tipo de amenaza, y de esto son responsables tanto la comunidad autónoma como el Estado. Y hablamos de delfines (Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba, Stenella frontalis, Steno bredanensis), ballenas (Balaenoptera edeni), calderones (Globicephala macrorhynchus, Grampus griseus), zifios (Mesoplodon densirostris, Ziphius cavirostris) y cachalotes (Physeter macrocephalus), y también de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Las tortugas lo utilizan como zona de alimentación, y los delfines mulares, además de alimentarse allí también los usan como área de reproducción y descanso, por tanto, esta zona es hábitat esencial para todas estas especies.  

Entre los impactos directos derivados de la construcción del nuevo puerto estarían: destrucción del hábitat de las especies mencionadas, incremento del tráfico marítimo, y en consecuencia la potencialidad de colisiones con cetáceos y tortugas, mayor riesgo de introducción de especies invasoras en las aguas de lastre de los buques, impacto lumínico, contaminación química de las aguas, o variación en la dinámica sedimentaria por la construcción de diques. Todo ello supondría la pérdida de los servicios ecosistémicos que esta área marina protegida proporciona en la actualidad. Pero no solo eso, sino que además va en detrimento de la segunda actividad turística en Tenerife, el avistamiento de cetáceos, una actividad económica basada en la naturaleza.  

Tortuga boba (Caretta caretta). © OCEANA / Carlos Suárez Calderones tropicales (Globicephala macrorhynchus). © OCEANA / Enrique Talledo 

No hace falta poner números a las pérdidas que supondría la construcción de este nuevo puerto. Ha sido un largo camino para proteger la biodiversidad marina y ponerla en valor, y que ahora se encuentra en entredicho. Aunque las últimas noticias apuntan a la inviabilidad del proyecto, hemos de tener en cuenta que el riesgo no se debe trasladar a otra zona porque el impacto sobre estas especies sería el mismo. 

Entonces, ¿tanto esfuerzo en tiempo y recursos para proteger una biodiversidad marina clave, para nada? No es cuestión de viabilidad económica del proyecto, sino del incumplimiento radical de la normativa ambiental tanto canaria, como nacional y europea. Un estudio llevado a cabo por Oceana en 2020 estimó que en el 96% de las AMPs pertenecientes a la Red Natura 2000 marina se llevaban a cabo actividades destructivas. Y solo en 2020, más de 2,5 millones de horas de pesca de arrastre devastaron las AMPs europeas, según otra investigación más reciente de Oceana. Un santuario amenazado o impactado por la actividad humana no es un área correctamente protegida. No es más que un parque de papel. 

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