Oceana considera que el estudio y creación de áreas marinas protegidas es una necesidad fundamental para frenar la degradación del ámbito marino. Además,   permite establecer medidas de gestión para las actividades que, como la pesca, se desarrollan sobre este medio. De esta forma se puede alcanzar una mayor protección de los espacios costeros y marítimos, un mayor equilibrio y sostenibilidad en el desarrollo de actividades y una mejor aceptación por parte de los ciudadanos de los espacios protegidos. Las condiciones básicas son:

Multiplicar la superficie de áreas marinas protegidas de forma inminente y desarrollar planes lógicos y reales que den un sentido al espacio. Los compromisos políticos adquiridos para la protección de áreas marinas no deben concluir con trazo de líneas sobre el mapa para determinarlas, sino que deben diseñarse áreas de protección en función de criterios científicos, incluyendo los hábitats y especies esenciales para la salud de nuestros mares.

Acompañar la declaración de áreas marinas protegidas con atención a los sectores socioeconómicos de la zona, para así facilitar la aceptación de la misma. Sobre las áreas marinas intervienen gran diversidad de agentes sociales que deben ser conscientes y partícipes de los procesos de protección y gestión de estas áreas.

Alcanzar un compromiso político de financiación estable y permanente para los espacios marinos protegidos declarados.

Promover estudios e investigaciones sobre especies y espacios marinos.

Proteger un conjunto ecosistémico. La protección de áreas ecológicas no debe limitar su extensión a los intereses territoriales de las regiones o países, sino a la delimitación del biotopo y su área de influencia.

Zonas con valores “raros”, representativas o enclaves con funciones ecológicas importantes en el entorno. No todas las áreas marinas tienen que ser espectaculares al ojo humano. Algunas zonas de roca o arena son fundamentales para el alevinaje de diversas especies u otras funciones ecológicas y requieren igual protección.

Atender a la capacidad de absorción de impactos del ecosistema. Reducir o eliminar artes de pesca o actividades que puedan afectar negativamente a los ecosistemas.

Desarrollar planes de seguimiento del estado y evolución de las zonas protegidas.

Establecer un sistema de vigilancia y aplicación de sanciones realmente efectivo ante las infracciones.