Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente demuestra que se arrastra ilegalmente en el Parque Nacional de Cabrera
El Organismo Autónomo de Parques Nacionales recomienda la creación de una zona tampón alrededor de Cabrera para limitar las actividades ilegales de arrastre, que amenazan la conservación del parque.
Press Release Date: julio 11, 2014
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Oceana ha tenido acceso a un informe financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que muestra la existencia de marcas de arrastre dentro del Parque Nacional de Cabrera. El Proyecto piloto de seguimiento ecológico del medio marino en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera: Seguimiento ecológico extensivo contiene el mapa que demuestra señales de este agresivo arte de pesca sobre fondos protegidos. Esta práctica ilegal, denunciada en numerosas ocasiones por Oceana, motiva a la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a recomendar la creación de una zona tampón alrededor del parque.
“La cartografía bionómica realizada por el OAPN no deja lugar a dudas: se arrastra ilegalmente no solo en los hábitats protegidos de los alrededores del parque, sino incluso dentro de él, hechos que Oceana lleva años denunciando”, explica Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Las marcas de arrastre halladas por el OAPN se encuentran sobre todo en la zona oeste del parque, pero también en la mitad oriental. El arrastre dentro del parque está totalmente prohibido y la única modalidad pesquera permitida es la artesanal, que opera bajo estrictas condiciones establecidas en el plan de gestión. Esta modalidad de pesca tradicional está sufriendo las consecuencias negativas de las actividades ilegales de los arrastreros en el ámbito del parque”.
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| Señales detectadas por el OAPN | Señales anteriores detectadas por Oceana | Marcas de arrastre sobre maërl en la reserva marina del Migjorn. © OCEANA |
Las evidencias halladas durante la realización de este proyecto de seguimiento han llevado al OAPN a alertar de la necesidad de proteger el parque ante esta actividad, con la creación de una zona tampón que mantenga a los arrastreros alejados del parque y sus recursos.
El hecho de que la recomendación de ampliación de la zona protegida del Parque Nacional surja del seno del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es un motivo de peso para avanzar en la propuesta de ampliación de Cabrera que Oceana lleva años reclamando, dada la presencia de fondos protegidos por normativa estatal y comunitaria pero que están siendo mermados por el arrastre ilegal, como son el coralígeno y el maërl, entre otros hábitats de alta relevancia ecológica que permanecen también sin gestión.
“Este estudio supone una evidencia más que definitiva de la necesidad de ampliar el Parque Nacional de Cabrera a sus zonas aledañas y evitar la destrucción de los sistemas naturales que alberga y de otros fondos sensibles a las artes de pesca destructiva, como es la totalidad del arrecife coralígeno del Fort d’en Moreu al este del parque. La actualización del plan de gestión del Parque Nacional, pendiente desde 2012, es una oportunidad perfecta para que el Govern actúe frente a esta actividad ilegal en Cabrera, asegurando esta necesaria mejora para la gestión actual y para el futuro de la pesca artesanal en esta zona del archipiélago”, añade Silvia García, científica marina de Oceana.
Durante los últimos ocho años, Oceana ha conseguido importantes apoyos a la ampliación de Cabrera, desde todos y cada uno de los distintos partidos políticos que han estado al frente del Govern de les Illes Balears como de reconocidas personalidades y entidades del ámbito de la conservación, entre ellas Alexandra Cousteau y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente o National Geographic; de sectores afectados, como pescadores artesanales y la industria turística; y hasta del propio Patronato del Parque Nacional, del que Oceana es miembro representante de las organizaciones conservacionistas. En estos momentos, la propuesta está siendo estudiada por Patronato, para la realización de estudios jurídicos, socioeconómicos y ecológicos necesarios para su evaluación y puesta en marcha.
