Oceana y ClientEarth demandan al Gobierno español por permitir la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegida
Press Release Date: octubre 29, 2024
Location: Madrid
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Natividad Sánchez | email: nsanchez@oceana.org | tel.: +34911440892
España emite licencias que permiten la pesca de arrastre de fondo de forma generalizada incluso en áreas marinas protegidas, lo cual va en contra de la normativa europea y nacional para la conservación de los ecosistemas marinos
Las áreas marinas protegidas afectadas se encuentran en el Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo
Madrid – Las organizaciones ecologistas Oceana y ClientEarth emprenden acciones legales contra el Gobierno español por permitir sistemáticamente la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas (AMP) en España. Permitir esta actividad de forma generalizada en estas áreas supone un incumplimiento de la normativa nacional y comunitaria sobre medio ambiente y conservación de los ecosistemas marinos. España debe establecer de una vez por todas un plan para iniciar una transición justa hacia un modelo de pesca sostenible a largo plazo involucrando a los pescadores afectados.
España, bajo gobiernos de diferente color político, lleva décadas incumpliendo estas leyes españolas y europeas al permitir la pesca de arrastre de fondo en las AMP situadas en el mar Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo. Estas zonas albergan hábitats vulnerables y especies emblemáticas y protegidas como la tortuga boba y el delfín mular.
Michael Sealey, asesor político de Oceana en Europa explica que “emprendemos acciones legales contra el Gobierno de España porque hace más de 30 años que se permite la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas sin tener en cuenta el impacto medioambiental de esta práctica destructiva en ellas. Según leyes europeas y nacionales, España tiene la obligación de proteger y gestionar adecuadamente estas zonas designadas por su alto valor ecológico y evitar su deterioro. Pedimos que las áreas marinas protegidas dejen de ser papel mojado y que gocen de protección real y efectiva”.
Francesco Maletto, abogado de conservación marina de ClientEarth sostiene que “estas zonas frente a las costas españolas deben protegerse porque son esenciales para la biodiversidad, la protección del clima y el sector pesquero. Por eso hay normas de la UE que garantizan su protección. Pero España infringe estas leyes al permitir de forma generalizada la destructiva pesca de arrastre de fondo en estas zonas. Con ello pone en peligro los hábitats y la fauna más vulnerables. Llevaremos el asunto a los tribunales para garantizar que “protegido” signifique realmente “protegido”.
Oceana y ClientEarth demandan al Gobierno de España ante la Audiencia Nacional por emitir licencias que permiten sistemáticamente la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas, sin haber realizado, además, ninguna evaluación de sus impactos en los ecosistemas marinos, como dicta la normativa europea.
La pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas es una grave amenaza para los ecosistemas marinos y pone en peligro el rol del océano como mitigador del cambio climático. Además, también es una amenaza para la sostenibilidad del sector pesquero a largo plazo debido a que estas áreas son importantes zonas de cría y reproducción de muchas de especies comerciales. España debería tomar estos factores en consideración ya que el país cuenta con una de las mayores flotas pesqueras de la Unión Europea.
El Gobierno tiene que actuar y alinear sus objetivos de pesca con sus compromisos de conservación. Por ejemplo, protegiendo de forma eficaz el 30% de sus aguas para 2030 a través de AMP, según marca la Unión Europea. Otros países comunitarios ya están actuando en este sentido, como Grecia y Suecia, que han anunciado que prohibirán o restringirán la pesca de arrastre de fondo en sus áreas marinas protegidas, y el Gobierno escocés ha propuesto prohibirla en 20 de sus AMPs.
Nota editorial:
Las áreas marinas protegidas tienen distintos niveles de protección. En este caso, las ONG basan su demanda en las siguientes leyes de la UE:
• La Directiva de Hábitats de 1992 establece un marco de protección de la biodiversidad marina y terrestre en Europa y crea una red de áreas protegidas, conocida como Natura 2000, que los Estados miembros deben gestionar eficazmente para alcanzar objetivos de conservación específicos.
• El Reglamento del Mediterráneo de 2006 contiene medidas de gestión directamente aplicables en los Estados miembros para la explotación sostenible de los recursos pesqueros del mar Mediterráneo.
