Oceana opens legal procedures against the Spanish Directorate General for Energy Policy and Mines for hiding information about drilling in the Gulf of Valencia
El Ministerio de Industria no ha dado ninguna respuesta desde que Oceana hizo la primera solicitud en febrero de este año
Press Release Date: julio 30, 2014
Location: Madrid
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Oceana ha demandado a la Dirección General de Política Energética y Minas por denegar documentos de información ambiental sobre los permisos de hidrocarburos de Capricorn Spain (filial de Cairn Energy) en el Golfo de Valencia. Este departamento del Ministerio de Industria debía haberlos facilitado el 26 de mayo, una vez transcurridos los plazos desde que Oceana presentó las solicitudes el invierno pasado.
“Con su negativa a entregar información ambiental sobre los permisos de Cairn, el Ministerio de Industria está favoreciendo a una empresa privada frente al legítimo interés de los ciudadanos por la conservación del medio ambiente. Es muy preocupante que, por enésima vez, la Administración vulnere la Ley 27/600 de acceso a la información ambiental y oculte datos críticos sobre actividades potencialmente peligrosas para el medio marino o el bienestar de los ciudadano”, afirma Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa.
Con fecha del 12 de febrero y el 6 de marzo, Oceana solicitó los siguientes documentos:
- El Programa de Protección del Medio Ambiente. Permisos de Investigación Albufera, Benifayó y Gandía
- El documento titulado “Responsabilidad Corporativa Cairn, objetivos y organización”
- El documento titulado “Permisos de investigación Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Protección del Medio Ambiente, Responsabilidad Corporativa de Cairn”.
- Las pólizas de seguro de responsabilidad civil contratadas por Capricorn Spain Limited a fin de responder de posibles daños a personas, bienes o al medio ambiente, exigidas como condición previa al inicio de los trabajos de investigación.
Ante la falta de respuesta, la solicitud se entendió estimada por silencio administrativo positivo y Oceana solicitó la ejecución del acto el 25 de abril, pero no recibió ningún dato ni dentro del mes establecido por ley ni hasta la fecha. Por este motivo, la organización internacional de conservación marina ha decidido emprender la vía contencioso-administrativa.
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