Oceana inicia su campaña de vigilancia contra el uso de redes de deriva en el Mediterráneo
El “Oceana Ranger” ha zarpado desde la isla italiana de Elba para patrullar las aguas del Mar de Liguria, el Tirreno y el Mar Balear, a la búsqueda de pesqueros italianos que incumplen la normativa europea que prohíbe las redes de deriva.
Press Release Date: agosto 19, 2013
Location: Madrid
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Marta Madina | email: mmadina@oceana.org | tel.: Marta Madina
En la pasada medianoche el catamarán de investigación de Oceana ha largado amarras desde el puerto de Elba, al norte del Mar Tirreno, para dirigirse a las zonas de pesca donde una flota compuesta por docenas de barcos italianos continúa haciendo uso de las spadare, un tipo de redes de enmalle a la deriva que han sido prohibidas por la Unión Europea desde el año 2002.
La prohibición de estos artes de pesca se decidió debido a su no selectividad y alto nivel de capturas accidentales, que provocan la muerte de decenas de miles de delfines, cachalotes, ballenas, tiburones y tortugas marinas. Muchas de estas especies están en peligro de extinción y se encuentran protegidas por las leyes europeas y de otras instituciones internacionales.
La flota italiana de rederos de deriva ha recibido más de 2 millones de euros de subsidios de la Unión Europea para sustituir sus redes por artes más selectivas. Pero Oceana consiguió demostrar, a lo largo de su campaña de 2005, que muchos de los armadores de los pesqueros simplemente se han embolsado las subvenciones y han continuado utilizando las mismas redes.
Las redes de deriva pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de longitud y 30 metros de altura. Están destinadas a la captura de pez espada pero, apodadas “las cortinas de la muerte”, provocan no solamente la sobreexplotación de los recursos de esta especie, sino que causan además una gran cantidad de capturas accidentales.
Por ello, las Naciones Unidas en 1989 declararon una moratoria mundial que obligaba a suspender
el uso de las redes de deriva. Años después, la Unión Europea dio seguimiento a esa resolución prohibiendo definitivamente el uso de redes de deriva por los barcos de todos los países
europeos desde enero de 2002.
España ha cumplido rigurosamente esta normativa. De hecho, la prohibición española de las redes de deriva se produjo incluso antes de la decisión de la Unión Europea, ante la evidencia de la sobreexplotación del stock de pez espada y la gravedad del impacto que sobre mamíferos marinos y tortugas marinas producía este arte.
Según Oceana, a pesar del cumplimiento, por parte de España de la legislación que prohíbe las redes de deriva, los pescadores españoles se ven afectados por la competencia desleal de otros países, que ignoran la normativa y se introducen incluso dentro de las aguas bajo la jurisdicción de este país.
En años anteriores se han producido apresamientos, por parte de patrulleras españolas, de barcos italianos cerca de las Islas Baleares. Hace unos días, dos cachalotes aparecieron muertos en las costas de Mallorca, enredados en redes de deriva de origen italiano.
“El uso de redes de deriva ilegales por parte de Italia y Francia, dos de los países fundadores de la Unión Europea es una burla a las instituciones comunitarias y a todos los contribuyentes – ha declarado desde el Ranger el oceanógrafo Xavier Pastor, Director de Oceana para Europa– el impacto de estas artes sobre las poblaciones de cetáceos y sobre los propios recursos pesqueros ha sido ya claramente puesto en evidencia por numerosas investigaciones científicas. Lo único que hace falta es que la ley se haga cumplir”.
Oceana ha mostrado su decepción ante las primeras decisiones del nuevo gobierno progresista italiano en este frente. El ministro de Pesca, Paolo Di Castro, ha cedido a la presión de los armadores y ha aprobado un decreto que da pie para enmascarar todavía más las operaciones ilegales de los rederos de deriva, creando más confusión sobre la aplicación de la directiva europea y dificultando la tarea de los guardacostas del propio gobierno italiano.
Por ello, Oceana ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, una campaña de vigilancia que recorrerá los mares y puertos europeos del Mediterráneo Occidental para poner de manifiesto, de nuevo, la violación de la normativa. Se tomarán datos de los barcos infractores, se realizarán fotografías y videos de los mismos, registrando su posición, la longitud de sus redes y otros datos relevantes sobre la operación de esta flota ilegal.
Como en la expedición anterior, estos datos serán transmitidos a los gobiernos afectados, pero sobre todo a las instituciones de la Unión Europea, como el Parlamento, la Comisión y la oficina europea de control del fraude (OLAF).
La dimensión del problema se visualiza cuando se comprueba que los guardacostas italianos, a pesar de la actitud tolerante del gobierno de este país, decomisaron sólo el año pasado más de 800 kilómetros de red, según los datos de la propia Guarda Costiera. Esta cantidad de red permitiría extender una cortina continua desde Gibraltar hasta Cataluña. Desafortunadamente, la mayor parte de estas redes decomisadas no son destruidas, y acaban de nuevo en manos de los infractores tras un corto periodo de tiempo.
