Oceana, en contra de que Pescanova y otros gigantes españoles reciban subsidios pesqueros
Pescanova proyecta una planta de acuicultura en Cabo Touriñán, un área protegida de la Red Natura 2000. Oceana hace campaña contra la autorización de este proyecto y solicita a la Comisión Europea que impida el acceso de los gigantes pesqueros a los subsi
Press Release Date: abril 22, 2010
Location: Madrid
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Marta Madina | email: mmadina@oceana.org | tel.: Marta Madina
La organización internacional de conservación marina Oceana se opone a la concesión de subsidios pesqueros a actividades de procesamiento de pescado y plantas de acuicultura de grandes compañías. Las grandes compañías pesqueras gallegas, incluida Pescanova, anunciaron hace unos días la formación del llamado “G-10”, un lobby creado para presionar a la Comisión Europea y acceder a 344 millones de euros de subsidios pesqueros reservados para PYMES con menos de 750 empleados o una facturación menor de 200 millones de euros, según un diario gallego. Otros miembros del lobby G-10 son los procesadores españoles de pescado Calvo, Jealsa, Frinsa, Isabel y Sálica, la compañía de acuicultura Stolt Sea Farm, el productor de harina de pescado Ártabra y las pesqueras Freiremar e Iberconsa.
Una de las inversiones previstas por Pescanova es una gran planta de acuicultura en Cabo Touriñán (A Coruña), un área que pertenece a la Red Europea Natura 2000. Estas zonas se encuentran protegidas por la Directiva de Hábitats para asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más valiosos y amenazados de Europa. Oceana está absolutamente en contra de esta planta, ya autorizada por la Xunta de Galicia.
El Director Ejecutivo de Oceana Europa, Xavier Pastor, aclara: “Los planes de construcción de una enorme planta de acuicultura en un área de la Red Natura 2000 son de por sí escandalosos, y resulta incluso más absurdo pelear por subsidios de la Unión Europea para un proyecto que se desarrollará en una zona con ecosistemas sensibles que están protegidos en la legislación medioambiental de la UE sobre áreas de importancia ecológica. Esperamos que se detenga rápidamente esta iniciativa”.
La acuicultura produce una importante degradación del medio ambiente cuando se lleva a cabo en zonas con ecosistemas sensibles y alto valor ecológico. La ocupación industrial a gran escala, incluyendo la construcción de carreteras y el aumento del tráfico, daña zonas costeras sensibles que albergan importantes hábitats y especies protegidos. Otros factores de riesgo para el medio ambiente son la descarga de nutrientes al mar, la alta concentración de materias orgánicas y los productos químicos.
Oceana se opone firmemente a los subsidios pesqueros y solicita a la Comisión Europea que no los conceda a las actividades de procesamiento de pescado, plantas de acuicultura y producción de harina de pescado que desarrollan estos gigantes industriales. En general, los subsidios a compañías de pesca apoyan la construcción de nuevos buques y aumentan la capacidad y eficiencia pesqueras. La consecuencia es un aumento de la sobrepesca en aguas europeas y en los océanos de todo el mundo. Dado que el efecto dañino de estos subsidios sobre los stocks y los ecosistemas oceánicos está reconocido mundialmente, las naciones pesqueras negocian actualmente su prohibición en el seno de la Organización Mundial del Comercio.
“Es absurdo que grandes compañías cotizadas como Pescanova soliciten subsidios, especialmente para plantas de acuicultura que claramente dañan el medio ambiente costero. Las compañías pesqueras del llamado lobby G-10 abanderan la mayoría de sus buques en terceros países y a menudo faenan en países en desarrollo como Namibia y Mozambique, que carecen de evaluaciones científicas, gestión de pesquerías y controles como los que se requieren en Europa”, explica la economista de Oceana Anne Schroeer. “Dado que la mayoría de sus buques no pescan bajo las normas de la Política Pesquera Común de la UE y no respetan las áreas Natura 2000 protegidas bajo la Directiva de Hábitats, obviamente no deberían resultar financiados por los contribuyentes europeos”, concluye.
