Oceana considera que el Gobierno español tiene suficientes instrumentos legales para parar las prospecciones petrolíferas, si quisiera
Las licencias de exploración de hidrocarburos carecen de evaluaciones de impacto ambiental.
Press Release Date: abril 20, 2012
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España sigue ignorando las legislaciones de conservación marina e, incluso, las de hidrocarburos.
Oceana afirma que las legislaciones españolas y europeas tienen suficientes instrumentos legales para prevenir el impacto de las exploraciones y explotaciones de gas y petróleo en el Mediterráneo y Canarias, pero no se están utilizando. Ante las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, Oceana manifiesta que el Gobierno español no sólo es reticente a utilizar la legislación existente, sino que ha modificado decretos e interpretado de la manera más liviana la legislación para dar espacio a las empresas petroleras.
Pese a que las leyes existentes permiten paralizar actividades que tengan impacto sobre el medio ambiente, en especial cuando afectan a una zona Natura 2000, que es la red de espacios protegidos en la UE, el Gobierno español no ha hecho el menor esfuerzo por aplicarlas, denuncia Oceana. De este modo, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para poder poner en marcha las exploraciones en Canarias que revocó el Tribunal Supremo en 2004.
También ha permitido exploraciones petrolíferas en zonas con más de 300.000 y 600.000 hectáreas frente a Valencia, Baleares o Canarias, pese a que la ley del sector de hidrocarburos lo impide para superficies superiores a las 100.000 hectáreas.
“Sería muy conveniente que la Justicia actuara de oficio para detener estas aberraciones y mandara un claro mensaje de que los Gobiernos no están por encima de la ley. Si los criterios e interpretaciones legales que hacen los políticos para las grandes empresas se aplicaran a los ciudadanos, viviríamos en un mundo de caos total”, declara Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa.
El Gobierno tampoco ha aplicado los decretos sobre evaluación de impacto ambiental, que claramente exigen la elaboración de estos informes cuando las actividades de exploración puedan afectar “directa o indirectamente” a espacios protegidos, como las islas Columbretes en la Comunidad Valenciana, Ses Salines en Baleares o el Archipiélago Chinijo en Canarias, entre otros.
En 2011, Oceana demostró que los permisos otorgados a RIPSA para explorar hidrocarburos frente a Málaga se basaban en estudio falsos sobre los valores ambientales. Pese a ello, el Gobierno no exigió a Repsol a proporcionar documentos verdaderos, ni tan siquiera le pidió una explicación. En la zona que Repsol indicaba que no existían ecosistemas de interés, Oceana encontró arrecifes de moluscos y corales, jardines de gorgonias, agregaciones de esponjas y otros hábitats de alto valor ecológico y reconocidos internacionalmente.
Tampoco la petrolera Cairn, que tiene las concesiones para las explotaciones entre las aguas valencianas y baleares a través de su filial Capricorn, ha presentado ninguna documentación.
“Es lamentable que el 90% del tiempo de las ONG se dedique a conseguir que los gobiernos y políticos cumplan y apliquen la legislación existente”, añade Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Oceana Europa.
