La UE retira la “tarjeta amarilla” a cinco Estados tras sus mejoras en la lucha contra la pesca ilegal y penaliza a Sri Lanka con tarjeta roja.
Press Release Date: octubre 14, 2014
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Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF acogen favorablemente el anuncio de la Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Maria Damanaki, de retirar la amenaza de sanciones comerciales a cinco Estados que se enfrentaban a una posible aplicación de medidas comerciales punitivas por no cooperar en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como la penalización a Sri Lanka.
La Comisión propone sancionar a Sri Lanka, a través de una tarjeta roja por su inacción frente a la pesca ilegal. Por su parte, Fiyi, Panamá, Togo y Vanuatu, quienes recibieron hace casi dos años una advertencia oficial, conocida como “tarjeta amarilla”, en la que se les pedía que mejoraran su sistema de control de presuntas actividades de pesca ilegal en sus aguas territoriales o por parte de buques que enarbolaban su pabellón, se ven retirados de la lista. La Comisión también ha propuesto el levantamiento de las sanciones impuestas a Belice, que en marzo de este año fue objeto de una tarjeta roja, es decir de la prohibición total de importación de productos de la pesca a la UE. El Consejo de Ministros tiene ahora que aprobar la penalización a Sri Lanka, así como el levantamiento las sanciones a Belice.
La Comisión Europea identificó esos seis Estados en noviembre de 2012 debido a un control insuficiente de sus respectivas flotas pesqueras o sus aguas territoriales, la no imposición de sanciones a los operadores de pesca ilegal y la no introducción de una legislación pesquera sólida para luchar contra la pesca ilegal[1].
Las declaraciones de hoy constituyen la primera vez que la UE levanta sanciones, o la amenaza de las mismas, a Estados de las que importa pescado en virtud de un Reglamento del Consejo de 2010 cuyo objetivo es conseguir que únicamente puedan acceder al mercado de la UE los productos de la pesca cuya legalidad haya sido certificada por el Estado de abanderamiento o el Estado exportador de que se trate.
EJF, Oceana, Pew y WWF afirmaron que esta iniciativa ha demostrado que la legislación de la UE adoptada con el fin de evitar que el pescado capturado ilegalmente entre en sus circuitos comerciales está teniendo éxito a la hora de alentar a los Estados a actuar. Las ONG alabaron a la comisaria Maria Damanaki por su liderazgo e instaron a su candidato a sucesor, el maltés Karmenu Vella, a que continúe la lucha contra la pesca INDNR, mejore la transparencia tanto en la normativa pesquera de la UE como en el control de la aplicación de la misma y siga mejorando el sistema de control de las actividades de pesca ilegal para incrementar aún más la confianza de los consumidores en los productos de la pesca que llegan al mercado de la UE. Se espera que el Sr. Vella sea confirmado como comisario, junto con los demás miembros del colegio de comisarios, durante las próximas semanas.
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NOTAS PARA LOS EDITORES
La última decisión por parte de los ministros de pesca de la UE fue tomada en virtud del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo (el “Reglamento INDNR”), que entró en vigor en 2010. Este acto legislativo permite a la UE mostrar a los terceros Estados no cooperantes una tarjeta amarilla, a modo de advertencia inicial, y finalmente una tarjeta roja, acompañada de toda una serie de restricciones comerciales, si éstos no demuestran la voluntad de cooperación y el compromiso para con la aplicación de medidas clave para combatir la pesca INDNR, como son la mejora de los propios sistemas de seguimiento de buques y de sanciones.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) agota las poblaciones de peces, daña los ecosistemas marinos, coloca en una situación injusta de desventaja a los pescadores que trabajan dentro del marco de la legalidad y hace peligrar el sustento de algunas de las comunidades más vulnerables del planeta. Se estima que la pesca INDNR cuesta a las economías entre 7.000 y 17.000 millones de euros cada año, lo cual equivale a entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado capturado[2]. El Reglamento INDNR de la UE pretende impedir el acceso al mercado al pescado ilegal exigiendo “certificados de captura” para las importaciones de pescado a la UE y prohibiendo la entrada de pescado procedente de Estados y de buques implicados en actividades de pesca ilegal.
Dos terceros Estados, Camboya y Guinea, siguen teniendo prohibida la exportación de sus productos de la pesca a la UE. La Comisión Europea emitió en noviembre de 2013 una segunda ronda de tarjetas amarillas, advirtiendo a Curazao, Ghana y Corea del Sur que también podrían ser objeto del mismo paquete de medidas comerciales si no cooperaban en la lucha contra la pesca INDNR.
Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF trabajan en coalición para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1215_es.htm y http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1162_es.htm
[2] Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al., “Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing” [“Estimar la magnitud mundial de la pesca ilegal”] (Marine Resources Assessment Group y Universidad de British Columbia, 2009).
