Dos buques pesqueros en la lista negra, a punto de volver al mar tras un fallo del Tribunal Supremo
Press Release Date: septiembre 19, 2017
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La Audiencia Nacional ordena el pago de 700.000 euros por pescado ilegal capturado en la Antártida por un barco perteneciente al mismo conglomerado
La Audiencia Nacional ha ordenado el pago de 700.000 euros por un cargamento de merluza austral ilegal confiscado en Vietnam el año pasado tras ser adquirido por una compañía china. Este pescado fue capturado por un buque perteneciente al mismo entramado que otros dos, que actualmente se hallan preparados para hacerse a la mar tras más de un año detenidos en el puerto caboverdiano de Mindelo. Ambas operaciones suceden tras el fallo del Tribunal Supremo en el que cierra el caso contra este grupo. Oceana y Sea Shepherd hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que detengan inmediatamente lo que consideran una vergüenza mundial.
Un gobierno pagando por un cargamento ilegal
La Audiencia Nacional resolvió la semana pasada que las autoridades vietnamitas transfirieran el valor de una carga de merluza austral ilícita, desembarcada por el Kunlun, a una empresa con sede en China que la había adquirido. Al igual que España, la República Popular China es parte contratante de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, en inglés), que establece que los nacionales de sus partes contratantes no puedan beneficiarse económicamente de la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Así, Oceana y Sea Shepherd instan a los gobiernos de Vietnam, España y China a que cooperen para evitar el pago, dado que contraviene claramente acuerdos internacionales.
“Ordenar el pago de 700.000 euros por un cargamento de merluza austral capturada ilegalmente envía el mensaje equivocado a los pescadores y al mercado. No hay duda de que el pescado confiscado era ilegal, ya que carecía de la documentación necesaria para comercializarse legalmente. La pasividad de las autoridades españolas y chinas pone en riesgo los compromisos internacionales para acabar con la pesca INDNR. En lugar de ello, los gobiernos deberían detener la pesca ilegal ya”, afirma Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa.
Buques en la lista negra, listos para faenar en el verano austral
En paralelo, dos buques conectados históricamente con el grupo Vidal, llamados anteriormente Yongding y Songhua, llevan detenidos en la República de Cabo Verde desde que Sea Shepherd alertó a la policía judicial de este país en 2015.
Oceana y Sea Shepherd han descubierto que estos barcos, ambos en la lista negra y objeto de una notificación púrpura de Interpol –una alerta internacional por actividad delictiva– han sido repintados, renombrados y reabanderados. El Yongding se llama ahora Atlantic Wind y ondea pabellón tanzano, mientras que el Songhua se ha renombrado como Pescacisne 2 y reabanderado en Chile.
“Después de haber ido tras el Thunder en la que se convirtió en la mayor persecución marítima de la historia, he llegado a saber cómo trabajan estos delincuentes. Para mí, está claro que ambos barcos se están preparando para salir a pescar furtivamente de nuevo”, afirma el capitán Peter Hammarstedt, director de Campañas de Sea Shepherd Global.
Oceana y Sea Shepherd hacen un llamamiento al Gobierno de Cabo Verde para que no permita que los barcos se hagan a la mar y les sean denegados todo tipo de suministros portuarios, teniendo en cuenta que ambos se hallan en las listas negras de CCAMLR y de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en inglés). También piden a los gobiernos de Tanzania y Chile que retiren el pabellón al Atlantic Wind y al Pescacisne 2, respectivamente.
“Ha llevado más de dos décadas de esfuerzos de las ONG medioambientales y de determinados gobiernos conseguir que la comunidad internacional se uniera contra la pesca INDNR. El Yongding, el Songhua y el Kunlun son iconos de esa lucha. Si la comunidad internacional no los detiene, expoliarán la Antártida una y otra vez”, añade Gustavsson.
Notas al editor
En 2016, el Ministerio de Agricultura, la Guardia Civil e Interpol registraron intalaciones del conglomerado pesquero Vidal.
Las autoridades se incautaron de miles de documentos y archivos informáticos, efectuaron seis arrestos y el Ministerio impuso multas de 17,8 millones de euros, así como la prohibición de pescar y recibir subvenciones pesqueras al conglomerado de empresas de Vidal durante 25 años.
En paralelo, la fiscalía presentó querella contra los armadores por dad documental, blanqueo de capitales, delito medioambiental e integración en grupo u organización criminal. En el transcurso de la investigación, agentes de las aduanas vietnamitas aprehendieron un cargamento ilícito de 164 toneladas de merluza austral presumiblemente capturada de forma ilegal, cursando un requerimiento de la Guardia Civil a través de Interpol. El cargamento procedía del buque pesquero Kunlun, que se encuentra en listas negras internacionales y de Interpol.
A finales de 2016, el Tribunal Supremo cerró el caso –con el voto particular de un magistrado–, afirmando que los tribunales carecían de jurisdicción en casos de pesca INDNR en alta mar, como es la Antártida. Así, en opinión del Tribunal, bajo la legislación española no podían juzgarse delitos de pesca INDNR ni tampoco aquellos relacionados como el blanqueo de capitales o los beneficios económicos asociados.
