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La Xunta de Galicia subvenciona al “Monte Meixueiro”,uno de los pesqueros arrestados por pesca ilegal por las patrulleras noruegas

Muchos de los subsidios pesqueros entregados por los gobiernos de España y Galicia acaban en empresas implicadas en pesca ilegal o pirata.

Press Release Date

Miércoles, Noviembre 23, 2005
Ubicación: Madrid
Contacto: Marta Madina: mmadina@oceana.org 0034 911 440 884

La detención, por parte de las patrulleras noruegas, de dos barcos de pabellón español capturando fletán negro ha vuelto a poner de manifiesto la amplia práctica de la pesca pirata de empresas que han recibido subvenciones de las autoridades españolas y gallegas.

Uno de los buques detenidos, el Monte Meixueiro, pertenece a la empresa viguesa Valiela, S.A., la cual ha recibido del Gobierno gallego más de 15 millones de euros en subvenciones, ayudas y créditos especiales.

El buque Monte Meixueiro, que ha costado unos 9 millones de euros, acababa de ser botado este año y ésta era su primera temporada de pesca. Mide 62 metros y tiene capacidad para congelar 45 toneladas de pescado al día. Gracias a estas subvenciones, esta misma empresa ha construido también este año un segundo arrastrero de unos 40 metros de eslora.

El segundo barco detenido es el Garoya Segundo, un arrastrero de 16 años perteneciente a la empresa Oyalves, S.L. Durante los últimos años, esta compañía ha tenido licencias para pescar fletán negro, gallineta, bacalao y camarón en el Atlántico Noreste y Noroeste.

Esta empresa utilizó durante el año 2000, a través de una compañía mixta, el pesquero Cap George, que ha cambiado cinco veces de nombre y bandera. Hoy se le conoce como Ross y se trata de un pesquero con uno de los mayores historiales de infracción pesquera y continúa ligado a empresas gallegas, como el Grupo Oya, también propietaria del pesquero de pabellón lituano Lootus II, y cuyos representantes suelen asistir a las reuniones internacionales de NAFO (acuerdo pesquero para el Atlántico Noroeste) dentro de la delegación oficial española.

Pero estos no son los únicos ejemplos de cómo los fondos públicos acaban en la pesca ilegal y de cómo las administraciones españolas y gallegas viven en connivencia con estas empresas piratas. El mes pasado, las autoridades estadounidenses ordenaban la busca y captura de un empresario gallego denunciado por pesca pirata, Antonio Vidal. Este propietario de más de una decena de empresas pesqueras, había recibido del Gobierno español más de 1,7 millones de euros en subvenciones para la construcción de nuevas embarcaciones y para el desarrollo de pescas experimentales, pese a que muchos de sus barcos lideran las listas negras de distintas instituciones sobre barcos involucrados en pesca pirata.

Es vergonzoso que las administraciones españolas, en lugar de aislar y perseguir a los infractores, faciliten sus actividades y las premien constantemente. Si España no quiere que la mala fama de estos buques salpique a toda la flota debe actuar urgentemente y con contundencia. Por ejemplo, impidiendo que estas empresas accedan a subvenciones y ayudas, y a que sean participes de las cuotas de pesca, ha declarado Xavier Pastor, Director de Oceana en Europa.